Argentina: Telefonía, internet y TV por cable son declarados servicios públicos esenciales
El presidente de Argentina, Alberto Fernández, anunció mediante un decreto de necesidad y urgencia (DNU) que la telefonía celular y fija, el internet y la televisión por cable serán considerados servicios públicos esenciales. Esta herramienta regulatoria busca garantizar el acceso “a una prestación básica universal obligatoria”.
“Mediante un DNU que se publicará esta noche, el Gobierno nacional declarará a la telefonía celular y fija, a los servicios de internet y a la TV paga como un servicio público y esencial”, comunicó la Presidencia a través de un comunicado.
Por su parte, el presidente Fernández dijo a través de su cuenta de Twitter que con esta decisión “garantizamos el acceso a los mismos (servicios) para todos y todas”.
La medida incluye el congelamiento de las tarifas de estos servicios hasta el 31 de diciembre de este año, en medio de un clima marcado por la crisis sanitaria por la pandemia del coronavirus y altos niveles de inflación, que entre enero y julio motivaron un incremento en el costo de vida de 15.8%. Hasta el año pasado, el índice inflacionario fue de 53.8%.
“De esta manera estamos recuperando herramientas regulatorias que el gobierno anterior (de Mauricio Macri) quitó al Estado. El derecho de los usuarios y consumidores es un derecho constitucionalmente reconocido. En lo sucesivo, no podrá haber ningún aumento sin la previa aprobación del Estado”, manifestó el jefe de Estado.
“La educación, el acceso al conocimiento, a la cultura y a la comunicación son derechos básicos que debemos preservar. Por eso hemos ordenado que de aquí en adelante haya planes inclusivos de prestación básica, universal y obligatoria para quienes menos tienen”, detalló.
La población argentina vive en aislamiento social obligatoria desde el pasado 20 de marzo, debido al avance del coronavirus. La suspensión de clases a nivel escolar universitario ha mostrado la brecha existente en materia digital, debido a la carencia existente en los estudiantes de barrios populares.
El decreto señala que en los últimos años se ha abandonado la idea del acceso a estos servicios como un derecho humano, “dejándolos librados a ley de la oferta y demanda como una simple mercancía, contrariamente a lo previsto en la Constitución Nacional”.
