Texas: Juez ordena retirar barrera flotante de la frontera con México
Un juez federal ordenó este miércoles al gobierno de Texas que elimine la barrera flotante de más de 300 metros que había instalado en el río Grande para disuadir el cruce de inmigrantes ilegales desde México a Estados Unidos.
La orden fue emitida por el juez de distrito estadounidense David Ezra, en atención a un pedido hecho por el Departamento de Justicia, que solicitaba una orden judicial preliminar mientras el caso seguía su curso.
El gobernador texano, Greg Abbott, tiene plazo hasta el 15 de setiembre para retirar la barrera. También tiene prohibido instalar nuevas barreras en el río hasta que el asunto se resuelva de manera definitiva.
Según el juez, la barrera de boyas supone una amenaza para la seguridad y para la relación entre México y Estados Unidos. La medida implica retirar la estructura del agua y colocarla en la orilla del río, pero no exige que se desmantele.
En su argumentación, Ezra señala que el gobernador republicano de Texas no presentó ninguna evidencia de que la barrera de boyas haya servido para “reducir significativamente” la entrada de migrantes ilegales. Además, adelantó que lo más probable es que el Departamento de Justicia prevalezca sobre los méritos del caso cuando se lleve a cabo un juicio.
“Desafortunadamente para Texas, el permiso es exactamente lo que exige la ley federal antes de instalar obstrucciones en las aguas navegables del país”, señala el juez, que reside en Austin, en un documento de 42 páginas.
La demanda civil del Departamento de Justicia data de julio de este año. La dependencia gubernamental sostiene que la barrera viola la Ley de Ríos y Puertos, que prohíbe crear cualquier obstrucción a la capacidad navegable de las aguas del país sin autorización.
Señala también que la barrera flotante presenta riesgos para la salud y la seguridad pública, pues impide la realización de viajes a través de ella.
La medida representa una victoria para la administración de Joe Biden.
Los abogados de Texas respondieron los cuestionamientos asegurando que el estado tiene autoridad para “repeler las invasiones”, lo que incluye la entrada ilegal de miles de migrantes. En ese sentido, exhortaron al tribunal a declarar que los términos de la Ley de Ríos y Puertos no se aplicaban en este caso.
Sin embargo, el tribunal falló inicialmente a favor del Departamento de Justicia, y concluyó que la amenaza de la barrera a la vida humana y el perjuicio a la navegación libre y segura superaban los intereses del estado en instalar el sistema.
Un juez federal ordenó este miércoles al gobierno de Texas que elimine la barrera flotante de más de 300 metros que había instalado en el río Grande para disuadir el cruce de inmigrantes ilegales desde México a Estados Unidos.
La orden fue emitida por el juez de distrito estadounidense David Ezra, en atención a un pedido hecho por el Departamento de Justicia, que solicitaba una orden judicial preliminar mientras el caso seguía su curso.
El gobernador texano, Greg Abbott, tiene plazo hasta el 15 de setiembre para retirar la barrera. También tiene prohibido instalar nuevas barreras en el río hasta que el asunto se resuelva de manera definitiva.
Según el juez, la barrera de boyas supone una amenaza para la seguridad y para la relación entre México y Estados Unidos. La medida implica retirar la estructura del agua y colocarla en la orilla del río, pero no exige que se desmantele.
En su argumentación, Ezra señala que el gobernador republicano de Texas no presentó ninguna evidencia de que la barrera de boyas haya servido para “reducir significativamente” la entrada de migrantes ilegales. Además, adelantó que lo más probable es que el Departamento de Justicia prevalezca sobre los méritos del caso cuando se lleve a cabo un juicio.
“Desafortunadamente para Texas, el permiso es exactamente lo que exige la ley federal antes de instalar obstrucciones en las aguas navegables del país”, señala el juez, que reside en Austin, en un documento de 42 páginas.
La demanda civil del Departamento de Justicia data de julio de este año. La dependencia gubernamental sostiene que la barrera viola la Ley de Ríos y Puertos, que prohíbe crear cualquier obstrucción a la capacidad navegable de las aguas del país sin autorización.
Señala también que la barrera flotante presenta riesgos para la salud y la seguridad pública, pues impide la realización de viajes a través de ella.
La medida representa una victoria para la administración de Joe Biden.
Los abogados de Texas respondieron los cuestionamientos asegurando que el estado tiene autoridad para “repeler las invasiones”, lo que incluye la entrada ilegal de miles de migrantes. En ese sentido, exhortaron al tribunal a declarar que los términos de la Ley de Ríos y Puertos no se aplicaban en este caso.
Sin embargo, el tribunal falló inicialmente a favor del Departamento de Justicia, y concluyó que la amenaza de la barrera a la vida humana y el perjuicio a la navegación libre y segura superaban los intereses del estado en instalar el sistema.
