Controversia en Wisconsin por ley que obligaría a sheriffs a colaborar con ICE
La Asamblea Estatal aprueba el proyecto AB 24 que exige a autoridades locales verificar el estatus migratorio de detenidos e informar a agencias federales
Wisconsin se ha convertido en el epicentro de un encendido debate migratorio tras la aprobación del polémico proyecto de ley AB 24 por parte de la Asamblea Estatal. Esta normativa busca establecer una colaboración obligatoria entre las autoridades locales y las agencias federales de inmigración, generando fuertes reacciones tanto de defensores como de críticos.
¿Qué propone exactamente la ley AB 24?
El proyecto, aprobado mediante una votación dividida estrictamente por líneas partidistas, establece un conjunto de obligaciones para los sheriffs del estado:
- Verificar el estatus migratorio de todas las personas detenidas por delitos graves
- Notificar al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) cuando no puedan confirmar la ciudadanía de un detenido
- Cumplir con las solicitudes de detención y órdenes administrativas emitidas por el Departamento de Seguridad Nacional
- Certificar anualmente que están cumpliendo con estas disposiciones
Quizás el aspecto más controvertido de la legislación es la imposición de una penalización económica del 15% sobre los fondos estatales compartidos a aquellos condados que no obedezcan la ley, lo que ejerce una presión financiera significativa sobre los gobiernos locales.
Posturas enfrentadas: seguridad vs. derechos civiles
Los legisladores republicanos, liderados por el presidente de la Asamblea, Robin Vos, defienden la medida como una estrategia necesaria para fortalecer la seguridad pública y evitar la liberación de personas potencialmente peligrosas. Según sus promotores, esta normativa busca imitar iniciativas similares implementadas en otros estados que han reforzado la aplicación de leyes migratorias.
En el lado opuesto, los demócratas y organizaciones de derechos civiles han manifestado su firme rechazo, argumentando que la ley:
- Criminaliza a las comunidades inmigrantes
- Socava la confianza en las autoridades locales
- Desvía recursos que deberían destinarse a combatir el crimen violento
- Elimina la autonomía de los gobiernos locales en materia de seguridad pública
El representante demócrata Ryan Clancy fue particularmente crítico, señalando que la medida «rompe familias y alimenta una campaña de intimidación contra los inmigrantes y refugiados».
El veto gubernamental como último obstáculo
A pesar de su aprobación en la Asamblea, el futuro de AB 24 es incierto. El gobernador demócrata Tony Evers ha expresado públicamente su intención de no firmar el proyecto, destacando que esta legislación «elimina el control local, incrementa el temor hacia las autoridades y desvía recursos» de otras prioridades comunitarias.
La postura del gobernador refleja una preocupación más amplia sobre el impacto que tendría obligar a las autoridades locales a actuar como agentes migratorios federales, especialmente en comunidades con alta población inmigrante donde la cooperación ciudadana es esencial para el trabajo policial.
Un reflejo del debate nacional
Esta iniciativa en Wisconsin no surge de forma aislada, sino que se enmarca en el contexto de políticas similares promovidas a nivel nacional. Críticos señalan que el proyecto intenta replicar a escala estatal el enfoque migratorio de la administración Trump, caracterizado por una colaboración más estrecha entre autoridades locales y federales en materia de inmigración.
El debate sobre AB 24 pone de manifiesto las tensiones persistentes entre quienes abogan por un control migratorio más estricto y aquellos que defienden la autonomía local y los derechos de las comunidades inmigrantes. Mientras tanto, condados y municipios de Wisconsin observan con preocupación el desarrollo de una legislación que podría transformar significativamente su relación con las agencias federales y con sus propias comunidades.
