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Tribunal de Guatemala sentencia a ex presidente Otto Pérez por corrupción

Un tribunal judicial de Guatemala sentenció a 16 años de prisión al ex presidente de ese país, Otto Pérez Molina, al encontrarlo culpable en delitos de sobornos cometidos durante su gestión. Su vicepresidenta, Roxana Baldetti, recibió la misma condena.

Ambos funcionarios se vieron obligados a dejar el poder antes de tiempo debido a explosivas revelaciones de corrupción.

Pérez y Baldetti fueron declarados culpables por los delitos de asociación ilícita y fraude aduanero. Sin embargo, fueron absueltos por un cargo de enriquecimiento ilícito.

Pérez, quien gobernó en Guatemala entre el 2012 y 2015, se encuentra en prisión desde hace siete años a la espera de un veredicto. El caso de Baldetti es distinto, pues recibió una sentencia de más de 15 años de cárcel en el 2018 por otro caso de fraude.

El general en retiro de 72 años asumió la presidencia de Guatemala con la promesa de tomar medidas drásticas contra el crimen. Sin embargo, se vio obligado a dejar el cargo a cuatro meses de que este culmine, en medio de protestas generalizadas por escándalos de corrupción.

Tras oír su sentencia, el ex mandatario comentó a los periodistas que apelará la decisión. Además, dijo sentirse “engañado”, al considerar que la condena se hizo “sin una pizca de prueba”.

Pérez y Baldetti son señalados como presuntos líderes de una red de fraude aduanero que llegó a robar unos US$ 3.5 millones en fondos estatales durante su administración. Ambos son acusados por los fiscales de recibir directamente parte de ese dinero.

Los investigadores denunciaron que los dos funcionarios estaban al mando de un plan en el que los importadores pagaban sobornos para evitar pagar los derechos de aduana. Más de dos docenas de personas han sido acusadas por este caso.

Además de su condena a prisión, el ex presidente caído en desgracia deberá pagar una reparación económica de US$ 1.10 millones. La multa de Baldetti asciende a US$ 1.06 millones.

El caso, conocido como “La Línea”, fue investigado inicialmente por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), con el respaldo de las Naciones Unidas.

El grupo de trabajo fue desactivado por el entonces presidente Jimmy Morales, quien además expulsó al jefe de la comisión, el colombiano Iván Velásquez, pues trataba de incluirlo en la investigación. Decenas de políticos y empresarios fueron encarcelados como parte del caso.

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