Casa Blanca apelará fallo que anula el Título 42, que permite deportar a migrantes ilegales
La administración de Joe Biden anunció que apelará la decisión de un juez federal de dejar sin efecto al Título 42, una medida aprobada por el ex presidente Donald Trump, que permite deportar a la mayoría de inmigrantes que solicitan asilo en Estados Unidos por “motivos sanitarios”, en relación a la pandemia del coronavirus.
El mes pasado, el juez Emmet Sullivan ordenó al gobierno de Biden que diera por concluida esta política. Sin embargo, le concedió una prórroga de cinco semanas para cumplir su dictamen, hasta el 21 de diciembre.
A través de la cadena CNN, el Departamento de Justicia informó que apelará el fallo de Sullivan. Según analistas, esta decisión podría dar lugar a que otra corte superior estadounidense decida suspender el final del título 42. Ello implica extender una batalla judicial en la que también participan varios representantes republicanos.
El Título 42, que se aprobó al comienzo de la pandemia en marzo del 2020, autoriza a los agentes fronterizos a expulsar a los migrantes al otro lado de la frontera para cuidar la salud pública. Para el juez Sullivan, esta política es “arbitraria y caprichosa”.
Cada día, cerca de 7,000 migrantes llegan a la frontera, como parte de una ola de migración masiva. Durante el año fiscal del 2022, cerca de 2.8 personas cruzaron la frontera, lo que supone un incremento en relación a las cifras del 2021, que superaron por poco el millón, según la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).
El juez Sullivan, del distrito de Washington DC, considera que esta norma “viola” la ley federal. Por ello, ordenó al gobierno ponerle fin de manera inmediata. De ese modo, validó la posición de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles, que considera que el Título 42 pone a los migrantes en peligro al otro lado de la frontera y va en contra de la ley de asilo estadounidense.
El presidente Biden trató de ponerle fin al Título 42 en mayo pasado. Sin embargo, otro juez federal, Robert Summerhays, del distrito local de Lafayette (Lousiana) rechazó el pedido, en respuesta a una demanda presentada por 15 estados republicanos.
Según el gobierno estadounidense, el Departamento de Salud y Servicios Humanos y los CDC buscan elaborar una nueva reglamentación para responder a los peligros que plantean futuras enfermedades contagiosas.
