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Perú: Fiscalía presenta denuncia constitucional contra presidente Castillo por corrupción

La Fiscalía de Perú (Ministerio Público) presentó este martes una denuncia constitucional contra el presidente de la República, Pedro Castillo, a quien señalan como el presunto líder de una organización criminal que opera en las más altas esferas del gobierno. El escrito fue enviado al Congreso de la República.

“Formulo denuncia constitucional contra José Pedro Castillo Terrones en su condición de presidente de la República como presunto autor de los delitos contra la tranquilidad pública en la modalidad de organización criminal agravada por su condición de líder”, se lee en el documento presentado por la fiscal de la Nación, Patricia Benavides.

Entre los delitos que se le atribuyen al mandatario peruano figuran tráfico de influencias y colusión. Las investigaciones alcanzan a varios allegados a Castillo, incluyendo a sus ex ministros Geiner Alvarado López y Juan Silva Villegas. Este último se encuentra prófugo de la justicia desde hace varios meses.

Alvarado, ex ministro de Vivienda; y Silva, ex ministro de Transportes y Comunicación, son señalados como piezas importantes de la presunta organización criminal liderada por Castillo. Ambos habrían tenido participación directa en el direccionamiento ilegal de diversas obras de construcción e infraestructura.

En la actualidad, el presidente peruano enfrenta hasta seis carpetas de investigación por parte del Ministerio Público.

El Parlamento confirmó la recepción de la denuncia por parte de la Fiscalía. El documento fue derivado a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, donde será revisado a detalle antes de definir la siguiente fase de la investigación.

Sospechas fundadas

Según la representante del Ministerio Público, Patricia Benavides, la denuncia contra Pedro Castillo y su entorno se realizó debido a que su sector cuenta con sospechas fundadas de la comisión de delitos en los casos “Ministerio de Transportes y Comunicaciones”, “Puente Tarata”, “Petroperú” y “Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento”.

“Hemos hallado muy graves y reveladores indicios de la existencia de una presunta organización criminal enquistada en el gobierno con la finalidad de copar, controlar y direccionar los procesos de contrataciones en los diferentes estamentos del Estado para obtener ganancias ilícitas”, declaró ante la prensa.

Según detalló Benavides, la Fiscalía descubrió que existiría la obtención de beneficios económicos derivados de contrataciones en puestos clave, cobro de coimas por licitaciones y el uso ilegal de las facultades presidenciales.

Ex asesores detenidos

La jornada del miércoles inició con la detención de un grupo de ex asesores de Pedro Castillo, quienes conformarían un “gabinete en la sombra”. Según la teoría fiscal, estos personajes actúan como “una organización criminal enquistada en las más altas esferas de la administración pública que abusan de su poder político”.

Entre las actividades que se les atribuyen, se encuentra la obtención de fondos para la campaña electoral de Pedro Castillo a cambio de ofrecer licitaciones irregulares en diversas obras.

Entre los detenidos figuran Eder Vitón y Biberto Castillo León, ex asesores de Castillo; así como Aúner Vásquez, ex jefe del Gabinete Técnico de la Presidencia; Salatiel Marrufo, ex jefe de asesores del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento; y el empresario Jenin Cabrera Fernández. El Poder Judicial emitió una orden de detención para todos ellos por un plazo de diez días.

También se dictó la misma medida contra Segundo Sánchez Sánchez, propietario de la casa que ocupó Pedro Castillo durante sus primeros días como presidente de la República, en lugar de Palacio de Gobierno. Sin embargo, el individuo se encuentra en condición de no habido.

En paralelo, el Ministerio Público y un grupo especial de la Policía Nacional realizaron un allanamiento en las casas y oficinas de seis congresistas del partido Acción Popular, a quienes acusan por supuestamente proteger a Pedro Castillo a cambio de recibir favores en el direccionamiento de obras.

“A esos legisladores también se les investiga por presuntamente haber puesto a funcionarios clave en el Ejecutivo, a cambio de respaldar con sus votos al Gobierno”, detalló la Fiscal de la Nación.

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