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Se suman más iniciativas para ayudar a inmigrantes no elegibles para recibir asistencia federal COVID-19

Hasta ahora se establecieron fondos de ayuda a inmigrantes en California y Pensilvania. Una iniciativa similar se lanzó en Baltimore, Maryland.

Los defensores de los inmigrantes dicen que en un momento en que gran parte de la fuerza laboral del país ha estado inactiva para frenar la propagación del coronavirus, es contraproducente excluir a aquellos que carecen de estatus legal de la asistencia que ha facilitado que las personas se queden en casa.

“Las organizaciones de derechos de los inmigrantes reconocieron de inmediato que esto iba a exacerbar nuestra crisis de salud pública”, dijo a VOA el director ejecutivo de la Coalición de Inmigración y Ciudadanos de Pensilvania, Sundrop Carter.

Promulgada en marzo, la Ley CARES proporcionó controles de estímulo de hasta 1,200 dólares a personas de bajos y medianos ingresos. Las familias también eran elegibles para 500 dólares por cada menor de 17 años.

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Aprobada por una Cámara liderada por demócratas y un Senado liderado por republicanos, el proyecto de ley proporcionó beneficios a los ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes, pero excluyó a los inmigrantes indocumentados y a los integrantes de familias de estatus mixto.

Algunos legisladores demócratas criticaron las exclusiones como injustas, señalando que muchos trabajadores que carecen de estatus legal pagan impuestos federales.  

“Al COVID-19 no le preocupa el estatus migratorio, por lo que tampoco debería importar cuando damos nuestra respuesta”, afirmó el congresista demócrata de Arizona Raúl Grijalva en un comunicado, en abril.

Los aliados republicanos del presidente Donald Trump en el Capitolio no se conmovieron.

A principios de este mes, el senador Tom Cotton, de Arkansas, presentó la “Ley de no rescates para extranjeros ilegales”. El congresista Ken Buck de Colorado mostró una legislación complementaria en la Cámara. El objetivo es bloquear los fondos que se envían a los estados de EE.UU., que otorgan cheques de estímulo relacionados con el coronavirus u otros pagos en efectivo a trabajadores no autorizados.

“El gobierno federal no debería estar subsidiando los esfuerzos de los estados para enviar dinero en efectivo a los extranjeros ilegales”, aseveró Cotton en un comunicado el mes pasado.

Se suman más iniciativas para ayudar a inmigrantes no elegibles para recibir asistencia federal COVID-19 3
El impacto de los trabajadores inmigrantes en EE.UU.
El impacto de los trabajadores inmigrantes en EE.UU.

Con la ayuda federal restringida, California intervino con su propia iniciativa. El estado más poblado de Estados Unidos estableció 125 millones de dólares en fondos que proporcionan un máximo de 1,000 dólares por hogar de personas indocumentadas.

En Pennsylvania, más de 40 grupos sin fines de lucro se han unido a una fundación benéfica para lanzar el Fondo de Ayuda a Inmigrantes de Palestina. El programa, que varias ciudades están promoviendo, pero no recibe dinero del estado, ha brindado ayuda financiera a cientos de familias en sus primeros días de operación y los organizadores esperan ayudar a miles más en las próximas semanas y meses.

“Muchas organizaciones realmente querían igualar el estímulo federal de 1,200 dólares, pero terminamos con $ 800 (por hogar indocumentado en Pensilvania)”, dijo Carter, y agregó que la iniciativa tiene como objetivo “llegar a tantas personas como sea posible” con fondos que describe son como “una gota en un cubo”.

Algunos gobiernos locales también están interviniendo. En Baltimore, Maryland, una alcaldía para asuntos de inmigrantes estableció un fondo de emergencia para “ayudar a las familias a lograr la estabilidad económica mediante el uso de fondos orientados a alquiler, servicios públicos u otras necesidades básicas”.

El requisito indispensable para el dinero de estímulo federal es un número de seguro social dado a los ciudadanos estadounidenses y residentes legales permanentes. La estipulación ha servido para negar beneficios a familias de estatus mixto en las que un ciudadano o residente está casado con un inmigrante indocumentado que presenta impuestos utilizando una alternativa al número de seguro social.

Múltiples demandas están en marcha desafiando la retención de dinero de estímulo a familias de estatus mixto, así como a inmigrantes indocumentados con niños que son ciudadanos estadounidenses.

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