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Bolivia: ¿Golpe de estado militar o rebelión ciudadana contra masivo fraude electoral?

La izquierda y derecha mundiales están involucradas en una balacera verbal sobre si los hechos que desembocaron en la renuncia del presidente de Bolivia, Evo Morales, constituyeron un “golpe de estado” o una “gigantesca movilización popular contra alguien que cometió el grave delito de un masivo fraude electoral”.

“No fue un golpe de estado en absoluto. Aquí hubo un fraude electoral y un pueblo que lo quita (a Morales del poder)”, dijo desde Washington, el ex embajador de Bolivia ante Estados Unidos, Jaime Aparicio, conocedor de la historia militar de su país.

“Si hubiera habido un golpe militar, ahorita habría un militar a cargo de la Presidencia”, añadió. “Esto ha sido un movimiento masivo de los bolivianos porque Morales ha cometido un delito comprobado por la OEA, que fue el fraude electoral más grande en la historia de Bolivia”.

La Constitución boliviana establece que al renunciar el presidente y el vicepresidente, corresponde al Presidente del Senado ser presidente interino, mientras se convoca a nuevas elecciones.

Pero Adriana Salvatierra, presidente de la Cámara de Senadores y aliada de Morales, también presentó su renuncia, dejando al país en una situación de vacío de poder. Le correspondería luego al presidente de la Cámara de Diputados, Víctor Bordaz, pero éste también renunció. La siguiente en la línea de mando sería la vicepresidenta del Senado, Jeanine Añez, de la oposición y quien dijo estar dispuesta a asumir la Presidencia para convocar a nuevas elecciones.

Manuel González Sanz, ex jefe de la delegación observadora de la OEA que estuvo en Bolivia para monitorear las elecciones y ex canciller de Costa Rica, dijo no coincidir con quienes califican lo ocurrido en Bolivia como un golpe de estado.

“Yo no calificaría como golpe de estado la situación, en este momento”, afirmó González en entrevista telefónica con la Voz de América. “Si se diera una situación de vacío de poder que fuera llenado por personas que no fueran electas democráticamente, entiéndase, si hubiera una intervención de los militares, por supuesto no dudaría en cambiar mi parecer pero en este momento no lo puedo calificar de esa manera”.

Según González, “lo que procede y entiendo que se está en ese camino es darle una solución institucional de conformidad con lo que dispone la Constitución y en este momento sería la segunda vicepresidenta del senado la que asumiría la cabeza del poder ejecutivo una vez sea formalmente investida en esa condición”.

Afirmó que lo más importante es que se sigan “los pasos adecuados que determina la normativa boliviana y conocerse formalmente la renuncia del presidente y vicepresidente por parte de los órganos legislativos. No tengo los elementos en este momento para clasificarlo como golpe de estado y no coincido con quienes tienen esa apreciación”, señaló González.

La decisión de la policía y el ejército boliviano tuvo sus orígenes en su rechazo a los intentos del gobierno de Morales por indoctrinar a los policías y soldados con obligatorios cursos de ideologías de izquierda. Luego vino el conflicto tras el cual Morales quitó a la Policía la función de emitir cédulas y licencias de conducir. Finalmente, había ya descontento entre la policía por asuntos salariales.

Un cuartel policial en Cochabamba fue el primero en amotinarse el domingo y rehusarse a actuar contra las protestas. Horas más tarde, los altos mandos policiales y militares informaron a Morales que no actuarían contra la ciudadanía que protestaba por el fraude electoral, documentado y denunciado por la OEA, Poco después, Morales anunciaba su renuncia “para preservar la paz”.

Pero aunque ningún militar, o ninguna junta militar se han posicionado como la autoridad del país, los aliados de Morales han caracterizado los hechos como un golpe de estado en el que se obligó a Morales a renunciar.

“La derecha con violento y cobarde golpe de estado atenta contra la democracia en Bolivia. Nuestra enérgica condena al golpe de estado y nuestra solidaridad con el hermano Pdte Evo Morales. El mundo se debe movilizar por la vida y la libertad de Evo”, dijo en un tuit el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel.

Otros, como el presidente en disputa de Venezuela, Nicolás Maduro, intentaron dar a los acontecimientos una connotación racista al afirmar que “los movimientos sociales y políticos del mundo nos declaramos en movilización para exigir la preservación de la vida de los pueblos originarios bolivianos víctimas del racismo”.

Pero Antonella Marty, directora adjunta del Centro para América Latina del Atlas Network, un organismo de investigación y análisis, rechazó tajantemente los alegatos de golpe de estado de la izquierda.

“Lo que aconteció en Bolivia fue una clara expresión por parte de la ciudadanía, la política boliviana y las fuerzas policiales ante el hartazgo de los abusos inconstitucionales de Evo Morales, quien, aferrado al poder, no quiso respetar el Estado de Derecho y el sistema democrático desde hace mucho tiempo”, dijo Marty a la Voz de América, en un mensaje de texto.

Afirma que no fue un golpe de Estado, “fue un pueblo exigiendo los valores de la democracia, la libertad y el fin del abuso totalitario de un líder que se creyó dueño del país durante más de una década”.

Según Marty, “ahora, para la hipócrita izquierda latinoamericana esto es un “golpe de estado, para ellos (el presidente de Chile, Sebastián) Piñera debe renunciar y Evo mantenerse en el poder perpetuamente. Eso demuestra que la izquierda es funcional a los intereses de sus líderes que se enriquecen a costa del poder, esa izquierda nunca es funcional a los buenos valores porque no cree, en definitiva, en ellos”.

Aún no se ha definido cuándo se juramentaría a la vicepresidenta del Senado, Jeanine Añez, de 30 años de edad, como la presidenta interina que tendría que convocar a nuevas elecciones, que incluirían la definición de los nuevos alcaldes y gobernadores de varias ciudades y departamentos que renunciaron junto al ex presidente Morales.

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