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Chile busca una salida política en gradual calma

El Gobierno chileno se reunió este jueves con la oposición para buscar una salida consensuada a la inédita crisis social que vive el país, que ha dejado 20 muertos en el país y un panorama sombrío en Santiago, pero la cita no convenció a los partidos de la izquierda.

La mayor crisis que enfrenta Chile desde el retorno a la democracia llevó al presidente Sebastián Piñera a cancelar el miércoles el encuentro de líderes del foro económico APEC y la cumbre del clima de la ONU COP-25, a celebrarse en pocas semanas en Santiago. La decisión tuvo gran impacto en las actividades del turismo y el comercio, ya golpeadas por casi dos semanas de manifestaciones, varias de ellas muy violentas.

A diferencia del primer encuentro organizado tres días después del estallido de la crisis el viernes 18 de octubre, el gobierno de Piñera no excluyó a ningún partido con representación en el Parlamento, incluido el Partido Comunista, que sin embargo no concurrió a la cita en el palacio presidencial, donde también fueron citados los partidos oficialistas.

Al cabo de dos horas, Álvaro Elizalde, presidente del Partido Socialista, el principal conglomerado de la oposición, aseguró que “no existe disposición a escuchar las demandas de la ciudadanía”.

Por su parte el titular del Partido por la Democracia (PPD), Heraldo Muñoz, afirmó que no veían “señales claras todavía en favor del diálogo”.

De 41 años y con un perfil más dialogante que su antecesor, el flamante nuevo ministro del Interior, Gonzalo Blumel, asumió la misión de conducir el diálogo político destinado a encontrar una salida a la crisis social, que ha desplomado la popularidad de Piñera.

El ministro, que asumió el cargo el lunes tras un cambio de gabinete ordenado por Piñera, relató a la prensa que durante la reunión acordó con la oposición llegar a “marcos de entendimiento, idealmente en los próximos días, las próximas semanas”.

También anunció que el gobierno se abrió por primera vez a revisar un proyecto de reforma tributaria enviado ya al Congreso para remplazar una reforma aprobada durante el último gobierno de la socialista Michelle Bachelet (2014-18), y que a juicio de opositores significaba rebajar el pago de impuestos a los más ricos.

Respecto al cambio de la Constitución vigente desde la dictadura de Augusto Pinochet, visto como uno de los caminos de salida a la crisis, Blumel afirmó: “El gobierno no se cierra a ninguna opción, pero nos parece importante en primer lugar realizar este proceso amplio de diálogo participativo”.

La calma ha empezado a retornar a las calles de Chile. Continúan registrándose protestas, pero de menor magnitud y niveles de violencia que al producirse el estallido social hace dos semanas. Pero el presente dista aún de ser luminoso. Sobre Chile aún se ven las grises nubes de las secuelas de la violencia.

Los chilenos afrontan hoy el saldo negativo, político y económico, de la suspensión de dos cumbres internacionales que se realizarían en ese país, pero que fueron canceladas por el presidente Sebastián Piñera ante la violencia y saqueos recientes.

Mientras la cumbre climática se realizará ahora en Madrid, aún no se anuncia cuál será la nueva sede de la reunión de APEC. El presidente estadounidense Donald Trump dijo que ya se está buscando una sede donde poder firmar el acuerdo alcanzado con China.

“Esto es un duro golpe a la imagen y la política exterior de Chile”, dijo a la BBC Heraldo Muñoz, excanciller chileno durante el gobierno de Michelle Bachelet. “Es lamentable. El gobierno no ha sido capaz de restablecer la paz social ni responder a las demandas sociales”.

Piñera anunció un paquete de medidas económicas que incluyen anular aumentos en las tarifas de transporte y energía y aumentos en las pensiones, entre otras medidas. Hizo además cambios en su gabinete. Pero los manifestantes, que aseguran miles de chilenos han quedado al margen del crecimiento económico del país, exigieron ir más allá y piden ahora profundas reformas que promuevan un desarrollo económico más equitativo.

Según expertos, la cancelación de ambos eventos internacionales tendrá un impacto negativo en la imagen del país, aunque reconocen que el impacto terminará siendo temporal. El impacto económico de cancelar ambos eventos, afectará el comercio, el turismo, la hotelería y a pequeños y medianos empresarios que buscaban sacar ventaja.

Según los cálculos, la cumbre de la COP25, la reunión sobre el cambio climático, tiene un costo e organización de aproximadamente 62 millones de dólares, de los cuales unos 35 los financiaría el gobierno. Pero a la vez se esperaban, además de jefes de Estado a unas 25,000 personas entre personal de apoyo, seguridad, periodistas y otros.

Pero políticamente, cancelar era lo requerido, según el ministro de Relaciones Exteriores, Teodoro Ribera.

“Desde el punto de vista político, es una decisión presidencial de mucha autoridad”, le dijo Ribera a BBC Mundo. “Realizar las dos cumbres habría significado que en un lapso de 60 días, el presidente habría destinado un tercio de ellos, es decir, 20 días, solamente al tema internacional y eso no era posible”.

Con información de AFP.

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