Congreso de EE. UU. enfrenta larga lista de tareas pendientes con tiempo limitado

Washington D.C. –– (Redacción VoA) • Los legisladores del Congreso de Estados Unidos vuelven a trabajar esta semana con una larga agenda de temas polémicos y sólo quedan 41 días legislativos en el año para completarlo.

Los miembros del Senado y de la Cámara de Representantes pasaron las últimas seis semanas de vacaciones, realizando viajes oficiales de investigación y reuniéndose con votantes y simpatizantes financieros. Ahora regresan al Capitolio donde enfrentan problemas que se agudizaron en su ausencia. Podría decirse que el desafío más apremiante será financiar al gobierno antes del nuevo año fiscal el 1 de octubre.

Aquí está una lista de los problemas que mantendrán ocupados a los legisladores en dirección al año electoral presidencial y del Congreso de 2020.

Presupuesto

Los legisladores tienen sólo 13 días hábiles para aprobar un grupo de proyectos de ley de gastos antes de que la financiación del gobierno se agote al final del año fiscal, el 30 de septiembre.

Antes del receso estival, la Cámara de Representantes, dominada por los demócratas aprobó 10 de los 12 proyectos de ley anuales de créditos para mantener los departamentos y agencias gubernamentales operando y para financiar programas de defensa y servicios sociales.

El Senado comenzará inmediatamente a trabajar en su versión de la docena de proyectos de ley de gastos.

En el improbable caso de que ambas cámaras logran aprobar los 12 proyectos de ley, los miembros de la Cámara y los senadores tendrían que conciliar las diferencias en sus proyectos de ley antes de enviarlos a la Casa Blanca para la firma del presidente.

El Congreso y el presidente casi con toda seguridad tendrán que ponerse de acuerdo sobre uno o más proyectos de ley de financiamiento a corto plazo para mantener el gobierno abierto hasta que se solucionen las diferencias.

Lo último que los republicanos y los demócratas quieren ver es un cierre del gobierno cuando se dirigen a un año electoral crucial.

El líder de la mayoría de la Cámara, Steny Hoyer, dijo a los periodistas que una resolución continua a corto plazo «no sería más de 60 días», lo que significa que, al igual que en 2018, el Congreso se encontraría con una batalla presupuestaria al final del año.

Control de armas

Mientras el Congreso estaba fuera de sesión, la nación fue azotada por tres tiroteos masivos de alto perfil en Texas y Ohio que renovaron el llamado a la acción legislativa sobre el control de armas. La presidenta demócrata de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi y el líder de la minoría demócrata del Senado, Chuck Schumer, instaron sin éxito al líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell, a que convocara a sesión al Senado en agosto.

La Comisión Judicial de la Cámara de Representantes planea tomar medidas esta semana mediante la redacción de una nueva legislación sobre el control de armas que, entre otras cosas, prohibiría la venta de cargadores de balas de alta capacidad.

La Cámara aprobó una legislación de verificación de antecedentes en febrero que desde entonces se ha languidecido en el Senado controlado por los republicanos. A raíz de los tiroteos masivos, los legisladores demócratas pidieron la aprobación de lo que llaman «leyes de bandera roja» que permiten a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley o a los miembros de la familia solicitar a un tribunal que retire las armas de las personas de alto riesgo.

McConnell le dijo al presentador de radio Hugh Hewitt en una entrevista recientemente que «si el presidente está a favor de una serie de cosas que ha discutido abierta y públicamente, y sé que, si lo aprobamos, se convertirá en ley, lo pondré a votación».

Pero el presidente Donald Trump ha proporcionado poca claridad sobre qué tipo de legislación de control de armas firmaría, mientras aparentemente remolca la línea de la Asociación Nacional del Rifle, que se opone a cualquier medida de control de armas.

Juicio Político

La Cámara de Representantes está volviendo a trabajar con la mayoría del caucus demócrata, ya sea pidiendo que se inicien procedimientos de juico político o afirmando públicamente que las acciones del presidente merecen ser juicio político. Hasta la fecha, 137 de los 235 demócratas de la Cámara y el congresista Justin Amash, el único independiente de la cámara, apoyan el juicio político.

Hasta ahora Pelosi se ha resistido al impulso del juicio político, haciendo hincapié en la necesidad de ganar el apoyo público para el esfuerzo.

Una encuesta del 30 de julio de la Universidad Quinnipiac encontró que el 32% de los votantes apoyaron al Congreso iniciando el proceso de acusar a Trump, con el 60% de los votantes diciendo que no debería comenzar esos procedimientos.

El presidente de la Comisión Judicial de la Cámara de Representantes, Jerrold Nadler, enturbió ese mensaje durante el receso de verano al decirle a CNN en una entrevista el 8 de agosto que los esfuerzos de los demócratas por obtener pruebas a través de numerosas presentaciones judiciales ya constituían «procedimientos formales de juicio político».

Pero los demócratas están de acuerdo en que un voto en el pleno de la Cámara sobre el juicio político no puede suceder hasta que se dicten sentencias en numerosos casos judiciales en los que los demócratas están buscando documentos clave en las investigaciones sobre las finanzas de Trump y las transacciones extranjeras.

Mientras tanto, la Comisión Judicial de la Cámara de Representantes anunció planes para investigar las acusaciones que Trump violó las leyes de financiamiento de campañas pagando «dinero para acallar» a fin deencubrir los asuntos con la estrella de cine para adultos Stormy Daniels y su compañera de Playboy Karen McDougal.

Problemas adicionales

Los legisladores también podrían considerar la ratificación del Acuerdo entre Estados Unidos, México y Canadá (USMCA), una prioridad de Trump.

En una carta en agosto a sus «Queridos colegas», Pelosi dijo que el grupo de trabajo de la Cámara de Representantes estaba en discusión con la administración Trump sobre la necesidad de incluir protecciones ambientales, menores costos de medicamentos recetados y fuertes estándares laborales entre otras preocupaciones antes el acuerdo podría llegar a votar.

El Senado también votará una resolución de dos partes que permitirá a los legisladores exigir una mayor supervisión sobre las ventas de armas de la administración Trump a Arabia Saudita.