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Colombia (NM/CP) – Aleyda entró a formar parte de la organización guerrillera FARC cuando se acercaba a los 50 años, una edad inusual para entrar en un grupo ilegal, pero la razón era poder sacar de la guerrilla a su hija Kelly, secuestrada en el año 2003 a los 15 años. El reecuentro entre madre e hija se produjo después de cuatro años de secuestro en la estación de Policía del municipio de Algeciras, en Huila.
«Entré con esa expectativa y ese desespero por verla y abrazarla, pero al tenerla en frente lo que despertó en mí fue un dolor inmenso», recuerda Aleyda.
La llegada a la guerrilla para Aleyda no tenía nada que ver con ideología marxista-leninista, de hecho, ni siquiera sabe lo que significa el término. Tampoco por rebeldía contra el Estado, mucho menos la búsqueda de poder a través de las armas, como hizo creer para ingresar en las FARC. Su única ideología era el que le dicta el instinto a una madre cuando le arrancan a un hijo.
A Kelly se la habían llevado de la vereda Quebradón Sur, zona rural de Algeciras, cuando cursaba el tercero de primaria en el 2003, el año que según el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar hubo mayor reclutamiento de niños en el país por parte de los grupos armados ilegales, en su mayoría por la guerrilla de las FARC. Fue ese año cuando el expresidente Álvaro Uribe inició su gobierno con la política de ‘Mano Fuerte’, en el que la aviación militar desplegó todo su poder en los campos Huila y Caquetá e hizo parte del Bloque Sur de las FARC el principal objetivo del Plan Colombia por su papel en la cadena de narcotráfico.
Con 15 años, Kelly era una joven delgada y medía poco más de metro y medio de estatura, era la segunda de las cinco hijas de Aleyda y nadie podría creer que a esa edad era una amenaza terrorista. Dentro del campamento guerrillero, la realidad de Kelly era otra, era presa del pánico.
«Yo a los que más les tenía miedo, porque usted no los ve, es a los hombres zorro. Es gente de Ejército que permanece en el monte mirando los campamentos, viendo qué se lleva y tratando de matar guerrilleros sin hacer ruido» cuenta Kelly al periódico colombiano, El País.
«A mí me daba muchísimo temor tener que prestar guardia porque es uno solo como a 50 metros del campamento; queda uno a la buena de Dios. En algunos lugares se metía uno de noche en unos barriales en los que se le hunde el cuerpo hasta la cintura; muchas veces pensé en volarme, pero mi temor era caer en un campo minado, no ubicarme bien e irme selva adentro o que me capturaran y en un consejo de guerra me asesinaran», añadió.
No obstante, cuenta Kelly, las FARC han sorprendido a varios hombres zorro del Ejército y los han matado, «casi siempre porque los vence el cansancio y los encuentran dormidos»
Kelly figuraba en el taller de ‘armado de minas’ dónde su labor era instalar bombas en los campamentos para cazar al Ejército y a los ‘hombres zorros’. En mayo del 2005, le ordenaron ir a sembrar minas para tratar de detener la presión militar, cuando una de las bombas explotó. Kelly perdió ese día sus dos manos y poco después perdió un ojo. Tuvo conciencia de lo ocurrido cuatro meses después y aún no se explica por qué la dejaron viva cuando una persona que queda mutilada generalmente es rematada de inmediato, ya que no es una sobreviviente, sino una carga.
Dos años después de que se llevaran a Kelly, las FARC seguían llegando a casa de Aleyda, que aceptaba su designo sin musitar palabra. Tampoco se atrevió a preguntarles por su hija porque sabía que la organización negaría que estaba con ellos.
«La mujer de alias Genaro –un jefe guerrillero que se desmovilizó unos años después–, me decía: ‘no espere a su hija que no la van a pasar por aquí; eso sería un problema porque usted va a querer que se la dejen y ellos no se la van a dejar y entonces tienen que matar a su hija o la tienen que matar a usted», cuenta Aleyda.
«Con el cuento de que me iba a trabajar cogiendo café en otra vereda, empecé a frecuentar gente que sabía que tenía a sus hijos en la guerrilla y empecé a colaborar con ellos. En un comienzo me tocaba bajar al pueblo a comprar al mercado, ir a recoger lo que les mandaban los auxiliadores a los jefes guerrilleros y luego salía en bestias a repartir todo por los campamentos; siempre la buscaba entre los muchachos que llegaban a descargar el mercado para llevarlo monte adentro; ese era mi objetivo, pero por dentro sentía por las FARC pavor y rabia», añadió.
También les llevaba información del Ejército; fueron dos años siendo miliciana de la agrupación guerrillera. Un año después supo que su hija estaba viva.
En el año 2007, Kelly fue encontrada por el Ejército y llevada al puesto de Policía de Algeciras, donde se reencontró con su madre.
ENTRAR EN LA GUERRILLA POR UN MÓVIL
Aunque todas las cifras que existen sobre niños y niñas han sido involucrados o muertos en medio del conflicto son subregistrados, los datos que existen no dejan de ser alarmantes.
Según datos oficiales del Gobierno de Colombia, el Bloque Sur de las FARC ha tenido en sus filas alrededor de 205 menores de edad en los últimos 20 años, muchos de ellos entre 11 y 15 años, que compartieron con Kelly las filas de la guerrilla.
Entre los municipios en los que es más peligroso ser menor de edad figura Toribio, la región más golpeada por el conflicto y los hostigamientos por parte de las FARC.
Jaime Diaz Noscue, coordinador y representante legal de Proyecto Nasa, una sociedad de cabildos indígenas de Toribío, explica que ha existido una clara estrategia por parte de la guerrilla de las FARC para persuadir a los niños y jóvenes indígenas. Niños y niñas colombianos se han ido a la montaña presionados y mediante amenazas, pero otros han sido mediante engaños y ofrecimiento de mejores condiciones de vida.
«Mediante engaños y ofrecimientos de dádivas y mejores condiciones de vida, muchos niños se fueron porque les iban a pagar y en el resguardo no se les paga; otros se fueron porque les iban a dar un celular y los papás no tenían como comprárselos y muchos otros por la pobreza en sus hogares o agobiados por líos familiares», cuenta el líder indígena.
Un estudio de la Universidad de La Sabana, en Bogotá, determinó que el 10 por ciento de los menores protagonistas del conflicto armado colombiano necesitarán intervención profesional para recuperarse y que el otro 90 por cierto no necesita ayuda psicológica para reinsertarse.
