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Bogotá, Colombia (CP/NM) – La Corte Constitucional ha aprobado el matrimonio igualitario en Colombia, considerado como el último asunto que hacía falta para que la comunidad LGTBI tuviera plena igualdad en el país.
La Sala Plena estudió cuatro tutelas que buscaban que se definiera si las uniones del mismo sexo se hacían por un contrato civil de matrimonio, que implica obtener los mismos derechos que los de una pareja heterosexual, o bien si seguían formalizándose mediante un contrato innominado que tiene el aval de la Procuraduría, pero que no tiene todas las garantías jurídicas.
El caso estaba en manos del magistrado Jorge Ignacio Pretelt, quien proyectó una ponencia contraria a los intereses de la comunidad LGTBI pero que fue derrotada por la mayoría liberal de la Corte actual, con una votación 6-3.
La Corte determinó que se vulneran derechos por parte de los notarios cuando se niegan a unir en matrimonio a las parejas del mismo sexo y por eso concedió las tutelas, en una decisión que es histórica porque en últimas da el sí al matrimonio igualitario en el país.
Con esto, la sentencia final quedó en manos del magistrado Alberto Rojas Ríos, quien dio su aval al matrimonio igualitario al estimar que a pesar de que en el Código Civil se entiende matrimonio como el celebrado entre un hombre y una mujer, a todo ser humano le asiste el derecho a contraer matrimonio sin discriminación.
Se pudo establecer que en contra de la ponencia (que negaba la igualdad del matrimonio homosexual) votaron los magistrados Luis Ernesto Vargas, María Victoria Calle, Gloria Ortíz, Alejandro Linares, Jorge Iván Palacio y Alberto Rojas. A favor de la ponencia votaron el mismo Pretelt, Gabriel Mendoza y Luis Guillermo Guerrero.
Este arduo debate tuvo de fondo una sentencia de la Corte Constitucional, la C-577 de 2011, que definió que las parejas del mismo sexo son familia y que decía que si el Congreso no regulaba el tema del matrimonio igualitario en un plazo de dos años, las parejas del mismo sexo podían acudir a notarios o jueces a solemnizar su unión.
En palabras de jueces, notarios y expertos elevadas ante el Tribunal, fue la misma Corte la que armó el «entuerto» al no ser clara y decir cuál sería ese vínculo contractual que sería utilizado para dicha unión solemne.
Entre tanto, la comunidad LGTBI estima que acceder al matrimonio igualitario es cuestión de derechos y que ya es hora de que así sea considerado jurídicamente en el país.
«¿Por qué se atreven a hacernos la pregunta de por qué queremos casarnos? ¿Les parece muy ilegítimo que aspiremos a la igualdad? ¿Les parece un capricho? Nosotros como población LGTBI merecemos respeto», dijo en su momento Marcela Sánchez, directora de Colombia Diversa.
