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(NA) – «Me siento muy complacido, como jefe de Estado, de informar a los colombianos que (…) hemos encontrado 307 años después de su hundimiento el galeón San José». Estas palabras, pronunciadas el pasado diciembre por el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, han desatado una nueva batalla por el tesoro del navío. Pero en este caso, los cañones son sustituidos por leyes y burocracia.
El San José fue un galeón del Imperio español que, cargado con un cargamento de lingotes y monedas de oro y plata que alcanzaba un valor de 11 millones de pesos de la época (unos 5.000 millones de dólares actuales) fue atacado por piratas ingleses cerca de Cartagena de Indias (Colombia).
Ahora, se repite una disputa que ya tuvo lugar en los años 80 del siglo pasado. En aquel entonces, la empresa estadounidense Sea Search Armada (SSA), que aseguraba haber hallado el tesoro en 1982, demandó al país colombiano por los derechos del galeón reclamando 17.000 millones de dólares por el presunto incumplimiento de un contrato con el Gobierno para recuperar el buque.
Según las leyes colombianas, el tesoro se dividiría por partes iguales entre la empresa norteamericana y Colombia, pero en 1984 el país latino modificó las leyes, dejando a los futuros descubridores de los tesoros solo un 5 por ciento.
BATALLA JUDICIAL
Tras varias demandas, en 2007, la Corte Suprema de Justicia de Colombia falló a favor de la empresa e indicó que la SSA podía quedarse con la mitad de lo que se hallara en el barco, pero que no fuera patrimonio arqueológico de los colombianos.
Sin embargo, cuatro años después, la Corte Federal de Estados Unidos sentenció en favor del país latino y el Gobierno promulgó la Ley 1675 de Patrimonio Sumergido –aprobada en 2013– que le permite al Estado «proteger, visibilizar y recuperar» toda riqueza subacuática hallada en sus aguas territoriales y «ejercer soberanía y generar conocimiento científico» sobre la misma.
Norma que contradice la convención de la UNESCO de 2001 la cual dictaminó, entre otras cosas, que el patrimonio cultural es mundial y no pertenece a ningún Estado.
La ley de 2013 además consiente la comercialización de parte de ese patrimonio (monedas, oro, plata…), hecho que, según el catedrático de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad Jaume I de Castellón, Mariano J.Aznar, «es contraria a la legislación internacional, a la constitución española y a la constitución colombiana», afirmaba en un debate sobre el marco histórico y jurídico-internacional del patrimonio subacuático organizado en Casa América en Madrid la semana pasada.
En este conflicto entre Estados Unidos y Colombia también tiene un hueco España, que reclama su derecho de posesión debido a que el galeón pertenecía al Imperio español. La Convención de la UNESCO sobre patrimonio sumergido da todos los derechos sobre los buques encontrados a los países que los abanderan. El problema radica en que Colombia no forma parte de la convención, por lo que no acata tal reglamento.
El país ‘cafetero’, por su parte, defiende que el hallazgo –declarado secreto de estado– pertenece a todos los colombianos amparándose en la ley de 2013, mientras que España trata de evitar que se comercialice con un patrimonio que considera como propio, a la vez que recuerda que en las mismas profundidades acuáticas se encuentran los restos humanos de cientos de navegantes españoles.
En el debate celebrado en la Casa América de la capital española, también participaron el abogado experto en patrimonio histórico José María Lancho y el jefe del área de Cultura del diario español ‘ABC’, Jesús Calero.
Los tres aseguraron que uno de los principales temores del Gobierno español es que se repita la historia de la fragata de ‘Las Mercedes’. Ésta también pertenecía al Imperio y fue hundida por la flota británica en 1786.
Miembros de la empresa cazatesoros estadounidense ‘Odyssey Marine Exploration’ descubrieron en 2007 el pecio de ‘Las Mercedes’ junto con 500.000 monedas de plata y oro y otros objetos de valor que fueron llevados a Estados Unidos, comenzando así un conflicto entre ambos países. Al igual que ahora, empezó una batalla legal de la cual salió victorioso el país ibérico y recuperó los restos hallados.
NECESIDAD DE COOPERACIÓN
Los expertos participantes en el debate coincidieron con la idea de que no es a través del litigio cómo se deben llevar los asuntos de patrimonio cultural, sino «a través de la cooperación y la colaboración científica». Para ello, es necesario que «historiadores, arqueólogos y conservadores» traigan toda la información posible a los científicos.
Sin embargo, «lo complicado ahora es el modo de llevar a cabo esa cooperación». Una de las grandes dificultades se encuentra en la imposibilidad de fundamentarse en el convenio de la UNESCO o en el tratado de las Naciones Unidas sobre el derecho del mar.
Por lo tanto, en lugar de regirse única y exclusivamente por las leyes y el derecho, la comunidad científica de los diferentes países implicados en cualquier conflicto de este tipo «debería tratar de llegar a un acuerdo en base al diálogo y a la negociación».
A ello se pusieron tanto el Gobierno español como el colombiano. El ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación español, José Manuel García-Margallo, aseguraba al poco de conocer la noticia que ambos países están evaluando «fórmulas» por las que ambos países puedan colaborar «en la conservación y protección» del galeón.
Margallo afirmó que existen «discrepancias» entre Madrid y Bogotá pero que estas residen en la «titularidad jurídica del galeón» y no en las labores de conservación y protección del buque, que es obligación de ambas partes.
Mientras tenían lugar las negociaciones, el país peninsular solicitaba a la UNESCO que se movilice para defender la Convención Internacional de Protección del Patrimonio Subacuático. Según el secretario de Estado de Cultura, José María Lassalle, España tiene «evidentemente» titularidad sobre este navío.
Lasalle añadía que «ya no es una cuestión de titularidad» sino de «respeto al patrimonio subacuático internacional» que, al margen de qué país sea, es «de todos» y es un «bien innegociable» que hay que «respetar» y «proteger».
LA RESPUESTA DE LA SSA
Y como sucedía años atrás, la SSA también ha tomado cartas en el asunto y tras las declaraciones de Santos, la compañía manifestó que era un hecho imposible ya que el descubrimiento fue realizado por ellos en 1982, por lo que en cualquier caso se trataría de un «redescubrimiento» y por ello reclama el 50 por ciento del tesoro.
A lo que el mandatario iberoamericano respondió que las acusaciones eran «desobligantes». «Tengo que rechazar de forma clara y enfática, las acusaciones que a través de los medios viene haciendo la Sea Search Armada, en torno al hallazgo del galeón», señaló.
