Internacional

Dejan en libertad con retirada del pasaporte al ‘Enfermero’ de las FARC

Madrid, España, 14 Dic. (EP) -El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha dejado en libertad al excombatiente de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), apodado ‘El Enfermero’, Héctor Albeidis Arboleda Buitrago, acusado de practicar más de 500 abortos forzados a guerrilleras que fueron víctimas de violaciones por parte de los miembros de la organización terrorista.

Dejan en libertad con retirada del pasaporte al 'Enfermero' de las FARC 1

El magistrado ha impuesto al acusado la retirada del pasaporte, comparecencias semanales al juzgado y la obligación de designar su domicilio y teléfono mientras se tramita la reclamación extradicional de Colombia, según informaron fuentes jurídicas.

Velasco ha tenido en cuenta que los hechos que se imputan a Albeidis, que compareció este domingo ante su juzgado, podrían estar prescritos y que además sufre una enfermedad degenerativa y tiene arraigo en Madrid.   

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 ha dado un plazo de 40 días a Colombia para presentar toda la documentación sobre la petición de entrega de ‘El Enfermero’ de las FARC, que cuenta con doble nacionalidad, española y colombiana, y a quien preguntará su deseo de ser o no extraditado una vez que reciba la información del país sudamericano.

MÁS DE 50 NIÑAS

Albeidis Arboleda fue detenido el pasado sábado después de que las autoridades colombianas informaran de su posible presencia en Madrid, donde se habría asentado huyendo de la Justicia colombiana, según el Ministerio del Interior.

Las mujeres, entre las que se encontraban más de cincuenta niñas indígenas de la comunidad zabaleta del Chocó que habían sido reclutadas de manera forzosa, eran víctimas de violaciones por parte de los miembros de la organización y después obligadas a abortar, hasta en el séptimo y octavo mes de embarazo, bajo la amenaza de fusilamiento si se negaban.

La mayor parte de estas intervenciones las llevó a cabo entre los años 1998 y 2000 en los frentes 47 y 9 de las FARC, a raíz de una Directiva del Estado Mayor de las FARC en la que se decretaba que se podía castigar con el fusilamiento a las guerrilleras que se negaran a que les practicaran interrupciones del embarazo para no perderlas como instrumento de guerra.

El operativo fue desarrollado por agentes del grupo II De la Sección de Crimen Organizado Latinoamericano de la Brigada Central de Crimen Organizado (UDYCO Central) en coordinación con el Área Investigativa contra el Terrorismo de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol de la Policía Nacional de Colombia.

 

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