¿Cuál ha sido el desacato de la Asamblea Nacional de Venezuela?

Caracas, Venezuela – 31 de Marzo (EP) • El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela anunciaba el miércoles por la noche su decisión de asumir las competencias de la cámara legislativa –controlada por la alianza opositora de la Mesa de Unidad Nacional (MUD) — por considerar que ésta continúa actuando en desacato. Dicha calificación tiene su origen en las elecciones parlamentarias celebradas en 2015 y en la composición de la nueva Asamblea Nacional, de mayoría ‘antichavista’.

La justificación dada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia al considerar “inválidas” las actuaciones de la Asamblea Nacional en la sentencia emitida, es consecuencia de una medida anunciada por la misma tras las elecciones celebradas en el mes de diciembre de 2015.

Poco después de que se constituyera el Parlamento venezolano, compuesto mayoritariamente por opositores ‘chavistas’ de la MUD, el TSJ consideró falto de “validez” y “eficacia jurídica” la incorporación al poder legislativo venezolano de tres diputados indígenas del estado sureño de Amazonas, los cuales habían sido elegidos junto a otro diputado indígena, en este caso ‘chavista’.

Tras la votación popular, en el mes de diciembre de 2015 el TSJ suspendió de forma cautelar la toma de posesión de estos tres asamblearios –Julio Ygarza, Nirma Guarulla y Romel Guzamana– al considerar la posibilidad de que se hubieran llevado a cabo diversas irregularidades en su elección parlamentaria.

Dicha decisión radicaba de la denuncia llevada a cabo por miembros del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), que alegaron la compra de votos. El TSJ instó a que se llevaran a cabo una serie de investigaciones que aclararan los hechos y aceptó la denuncia por desacato anunciada por el PSUV.

Siguiendo activa la medida impuesta por el poder judicial, los parlamentarios indígenas fueron incorporados a la Asamblea Nacional un día después de la instalación de la misma, en enero de 2016. Así, el 11 de enero de 2016 el TSJ declaró que todos los actos llevados a cabo por la recién constituida Asamblea Nacional serían considerados nulos mientras la juramentación de los tres diputados siguiera vigente.

Desde entonces, varias sesiones parlamentarias han sido suspendidas por falta de acuerdos y el diálogo entre el poder Ejecutivo y el Legislativo –al cual han instado diversos gobiernos de la región, así como organizaciones e instancias internacionales– han copado la actualidad política del país.

Todo ello también ha provocado una situación de inmovilísmo y bloqueo institucional que el TSJ ha decidido solventar asumiendo los poderes del Legislativo, una medida que culmina con la anulación de todas las decisiones de la opositora Asamblea Nacional, tal y como la Sala Constitucional ya había anunciado.

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