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Colombia hacia el posconflicto: desafíos de la transición

Por María Carolina Cortés, directora de Nuevo Negocio Región Andina en Llorente & Cuenca.

Bogotá, Colombia (NM) –   Después de varios intentos fallidos o de resultados parciales, Colombia acaricia la oportunidad de poner fin al conflicto armado a través de la negociación entre el Gobierno Nacional con los grupos insurgentes.

Llegar a esta coyuntura, tras cinco décadas de confrontación, es producto de la convergencia de diversos hechos, constitutivos de una realidad que se impone como marco racional de las decisiones del Estado y de las guerrillas.

La finalización del conflicto armado, además de cerrar un largo y doloroso círculo de violencia en Colombia, con certeza permitirá desatar todas sus potencialidades y acelerar su proceso de desarrollo.

Es bueno tener en cuenta que, aún a pesar de la confrontación, el país ha crecido de manera consistente en los últimos cincuenta años, ha podido profundizar su democracia y mantiene uno de los sistemas políticos más estables de América Latina. La paz significa un pie en el acelerador de estas tendencias.

No obstante, la transición del posconflicto implicará atravesar un camino sinuoso y lleno de desafíos.

En primer lugar, la materialización de los acuerdos sustantivos. En este caso, en especial los relativos a desarrollo rural, solución al problema de las drogas ilícitas, la participación política y el resarcimiento a las víctimas. Lo que para unos será cumplimiento, no en pocos los casos, para los otros, serán lo contrario.

En segundo término, se requiere gestionar el cumplimiento de los asuntos de procedimiento asociados al fin del conflicto, entre ellos el desmantelamiento de las estructuras militares insurgentes y la inserción de sus miembros a la vida civil.

En la negociación se habrá de materializar el cese bilateral al fuego, la dejación de armas y, junto con la determinación de la suerte judicial de los excombatientes, la definición de sus opciones socio productivas y de participación política.

Ambos ámbitos, el cumplimiento de lo sustantivo y de lo procedimental, están, en la práctica y más allá del tenor literal de los acuerdos, condicionados el uno al otro y gobernados en su ritmo y desarrollo por la desconfianza en la palabra de la contraparte. Es decir, durante el posconflicto se tendrá que construir, ‘pari y passu’, la confianza.

En tercer lugar, la gestión del posconflicto implicará administrar las expectativas ciudadanas, pues el desencantamiento precederá a las ilusiones de cambios positivos favorables, sobre todo en materia de seguridad ciudadana y desarrollo social.

No será fácil explicar las ambivalencias propias de procesos de esta naturaleza, en los que hay continuamente avances y retrocesos, al principio más de los segundos que de los primeros. Y esto máxime cuando unos y otros constituirán la munición de una competencia política que en lo nacional y en las regiones estará signada por la polarización.

Un cuarto factor que será crítico en el posconflicto es la contención a nuevas formas de violencia, bien como resultado de eventuales disidencias de las guerrillas, bien por su mutación a nuevas formas de crimen organizado, o bien por la dispersión y desviación de miembros de sus filas a formas de delincuencia común. Las economías criminales de narcotráfico y minería ilegal, activas en el país, son un factor que agudiza este riesgo.

El fin del conflicto armado colombiano creará una nueva atmósfera para los negocios. De hecho, la reducción efectiva de la violencia durante los últimos años ha facilitado el flujo de las inversiones y ha permitido la realización de apuestas empresariales que años atrás eran impensables.

En un ambiente altamente politizado y de expectativas exacerbadas de los ciudadanos sobre los beneficios inmediatos y directos del posconflicto el sector privado sufrirá mayor presión. Y esto con mayor intensidad en los sectores extractivos de la economía, como las industrias petrolera, minera, agroindustrial, eléctrica y de infraestructura.

En la medida en que las respuestas institucionales a las demandas poblacionales sean deficitarias y demoradas, se incrementará el reclamo por beneficios empresariales, bien para la inclusión en la cadena de valor, o bien exigiendo mayores recursos de inversión social.

El extremo de esta dinámica podría ser el incremento de paros y bloqueos, en detrimento de la continuidad operacional, al igual que los señalamientos por malas prácticas sociales, ambientales o de Derechos Humanos, que expondrán el patrimonio de reputación de las empresas.

Las buenas prácticas, resultado del acogimiento de estándares socio ambientales, será una condición necesaria, pero insuficiente. El sector privado deberá participar en la inclusión de grupos poblacionales en sus cadenas de valor, como por ejemplo mediante el empleo de excombatientes o de víctimas del conflicto. Pero también eso será solo una parte de la solución.

 

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