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Panamá (EP) – El presidente panameño, Juan Carlos Varela, ha anunciado este miércoles, durante un mensaje televisado a la nación, la creación de un «comité con expertos nacionales e internacionales» para evaluar las prácticas vigentes y garantizar la transparencia, tras la difusión de los «mal llamados» –según el presidente– ‘Papeles de Panamá’.
El mandatario ha reclamado «respeto mutuo» al resto de país, incidiendo en que Panamá es «un lugar donde impera la ley y la seguridad jurídica», tratando de alejarse de la polémica surgida a raíz de los documentos filtrados de la firma de abogados panameña Mossack Fonseca sobre sociedades en paraísos fiscales, que afectan a famosos, empresarios y altos cargos políticos de todo el mundo.
Varela también ha anunciado que ha pedido al Ministerio de Relaciones Exteriores panameño que se ponga en contacto con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) con el objetivo de dialogar «con respeto» para lograr acuerdos, tal y como informan los medios locales.
«No vamos a permitir que está situación mediática nos defina como país. Los gobiernos serios y responsables no negociamos con la adopción de obligaciones internacionales a través de los medios de comunicación sino a través de la diplomacia», ha dicho el presidente de Panamá.
En este sentido, ha insistido en que su país cuenta «con una economía abierta a la inversión extranjera» y «un Gobierno comprometido con la transparencia».
Asimismo, ha añadido que este escándalo es problema «de muchos países cuyas estructuras son todavía vulnerables para ser utilizadas para actividades que no son para el bien común de los ciudadanos».
Este mismo miércoles por la tarde, el presidente de Panamá ha iniciado una reunión en el Palacio de las Garzas con los miembros del cuerpo diplomático acreditado en el país.
COLABORACIÓN CON LAS INVESTIGACIONES
Horas antes, el Ministerio de Exteriores panameño enviaba en una carta al secretario general de la OCDE, Ángel Gurria, en la que se comprometía a colaborar con «cualquier proceso judicial» derivado de los documentos filtrados de la firma de abogados panameña Mossack Fonseca sobre sociedades en paraísos fiscales.
Panamá «brindará toda la colaboración a cualquier proceso judicial que surgiera a raíz de la información filtrada, sin importar la ubicación de las entidades financieras involucradas», detalla la nota. El Ejecutivo ha reiterado además que «apoya firmemente la decisión de los gobiernos de investigar a sus ciudadanos en el caso de que los mismos sean sospechosos de actividades criminales, incluyendo la evasión fiscal».
En este sentido, ha recordado que Panamá «cuenta con una amplia red de convenios que permiten el intercambio de información fiscal, en el marco de los cuales su autoridad tributaria coopera con otras autoridades a fin de contrarrestar la evasión fiscal».
Varios países de todo el mundo, incluido España, han anunciado que investigarán los nexos de sus ciudadanos con las empresas ‘offshore’ creadas por Mossack Fonseca para determinar si cometieron delitos económicos.
RESPUESTA A LA OCDE
Por otro lado, la Cancillería ha respondido al «injusto y discriminatorio» comunicado emitido por la OCDE, «en el que tilda unilateralmente a Panamá como una jurisdicción que permite una ‘cultura del secretismo'».
«El Gobierno lamenta que la OCDE, en su afán de presionar a Panamá a doblegarse ante su estándar de intercambio automático de información, hace una serie de alegatos e insinuaciones cuya falsedad es fácilmente demostrable», ha indicado, antes de la orden del presidente para iniciar un diálogo «respetuoso» con este organismo.
El Gabinete de Varela ha esgrimido que «las leyes de Panamá no son ni menos transparentes ni más secretas que las de otros centros financieros importantes». «No hay un solo aspecto de las leyes panameñas que haya dado lugar a supuestas malas prácticas», ha afirmado.
De hecho, ha subrayado que «en los informes publicados por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (…) la mitad de las sociedades provienen de las Islas Vírgenes, una jurisdicción que opera bajo legislación británica».
