This content has been archived. It may no longer be relevant
Bogotá, Colombia (NM) – El proceso de paz en Colombia atraviesa uno de los momentos más dulces y a la vez más decisivos desde hace cuatro años. A falta de un mes para que el plazo fijado por el Gobierno colombiano y la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) termine, la paz en Colombia parece estar más cerca que nunca.
El Gobierno colombiano y las FARC fijaron el día 23 de marzo de 2016 como la fecha límite para firmar un acuerdo que ponga fin al conflicto armado. Sin embargo, esta fecha puede variar, ya que el Gobierno admitió el pasado enero que cabía la posibilidad de que la fecha se extendiera unos días adicionales.
A pesar de posibles modificaciones de la misma, los avances que ambas partes han realizado en La Habana son evidentes. Las negociaciones entre ambos comenzaron en el año 2012 con el presidente Juan Manuel Santos a la cabeza del Gobierno de Colombia, un procedimiento que ha sido alabado a la par que criticado a nivel mundial.
Tras una época difícil en la que no cesaban los bombardeos entre ambos, desde el pasado julio los avances han sido constantes, pues la guerrilla anunció un nuevo cese al fuego unilateral y el Gobierno respondió con la suspensión de bombardeos. Desde ese momento, apenas se han registrado ataques entre ambos.
Otro de los pasos cruciales en esta negociación fue el anuncio del gobierno y la guerrilla el pasado septiembre, cuando el presidente, Juan Manuel Santos y el líder de las FARC, Rodrigo Londoño alias ‘Timochenko’, anunciaron, en presencia del mandatario cubano Raúl Castro, el acuerdo sobre la justicia transicional y se dieron seis meses para firmar el acuerdo de paz definitivo.
La agenda de paz tiene seis puntos: desarrollo agrario y rural, participación política, solución al problema de las drogas ilícitas, reconocimiento y reparación a las víctimas, fin del conflicto y refrendación, implementación y verificación del acuerdo de paz.
DESARROLLO AGRARIO Y RURAL
El primer resultado tangible del diálogo de paz llegó el 26 de mayo de 2013 con el acuerdo sobre desarrollo agrario y rural, uno de los puntos más importantes para la guerrilla, ya que las precarias condiciones del campo colombiano están en la génesis de las FARC.
«La Reforma Rural Integral (RRI) sienta las bases para la transformación estructural del campo y crea las condiciones de bienestar para su población, contribuyendo de esa manera a la construcción de la paz», explican Gobierno y FARC en el borrador conjunto.
La clave de este acuerdo es la creación de un Fondo de Tierras, «con el propósito de lograr la democratización en el acceso a la tierra en beneficio de los campesinos sin tierra o con tierra insuficiente y de las comunidades más afectadas por el conflicto, promoviendo una desconcentración y una distribución equitativa».
Además, se llevará a cabo una «formalización masiva de la pequeña y la mediana propiedad rural» y se crearán otros mecanismos para promover el acceso a la tierra, tales como un subsidio integral y un crédito especial para la compra de tierras.
Este nuevo mapa del campo colombiano, que contará con una «frontera agrícola», no podrá cambiarse en siete años, durante los cuales todos estos terrenos serán inalienables e inembargables, aunque en el caso de que se hiciera un mal uso de los mismos el Estado los recuperaría.
PARTICIPACIÓN POLÍTICA
Hubo que esperar hasta el 6 de noviembre de 2013 para que Gobierno y las FARC dieran un paso más hacia el fin del conflicto con la firma del segundo acuerdo parcial, esta vez, sobre participación política.
A este respecto, las partes proponen «una ampliación democrática que permita que surjan nuevas fuerzas en el escenario político para enriquecer el debate y fortalecer la representación de las diferentes visiones con las debidas garantías».
Ello pasa por una reforma electoral para «asegurar una mayor autonomía e independencia de la organización electoral y modernizar y hacer más transparente el sistema electoral», lo cual correrá a cargo de una comisión de expertos que se basará en las «buenas prácticas nacionales e internacionales».
Destaca la creación de las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz para las zonas más afectadas por el conflicto. Además, se creará un tribunal nacional de garantías electorales y tribunales especiales para las circunscripciones con mayor riesgo de fraude electoral y «se fortalecerá la capacidad de investigación y sanción de delitos y faltas electorales y de la infiltración criminal en la vida política».
Este acuerdo parcial contempla también la elaboración de un estatuto de la oposición, que se complementará con un Sistema Integral de Seguridad «para garantizar los derechos y las libertades y prevenir y neutralizar cualquier violencia contra quienes ejercen la política, especialmente para que no resurjan grupos de tipo paramilitar».
SOLUCIÓN AL PROBLEMA DE LAS DROGAS ILÍCITAS
El 16 de mayo de 2014 las partes aclararon cuáles serían los compromisos puntualesde la insurgencia, el Gobierno y la propia comunidad para combatir el estigma del narcotráfico.
El desminado, la entrega de rutas, la nueva política anti-restitución y las estrategias para bajar el consumo de drogas, son algunos algunos de los puntos del que en su momento fue el tercer gran acuerdo entre Gobierno y FARC.
En el convenio se estipula que se dará vía libre al Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, para eliminar de manera definitiva y sostenible los cultivos de droga y la ilegalidad asociada a estos en todo el país.
Además, se creará una Policía criminal que concentre sus capacidades en la investigación, procesamiento y sanción de los delitos asociados a cualquier organización criminal relacionada con el narcotráfico, en especial aquellas que constituyen una amenaza para la implementación de los acuerdos y la construcción de la paz.
REPARACIÓN DE VÍCTIMAS
El 15 de diciembre de 2015 ambas partes cerraron un acuerdo histórico sobre víctimas, que contempla un sistema integral para buscar la verdad y la justicia, así como para reparar y dar garantías de no repetición.
El grueso del acuerdo sobre víctimas es la creación de una Comisión de la Verdad. Además, las partes han pactado la creación de una «unidad especial» de «alto nivel y carácter extrajudicial y humanitario» y, como tercer eje, el acuerdo sobre víctimas contempla «medidas de reparación integral para la construcción de la paz (…) incluyendo los derechos a la restitución, la indemnización, la rehabilitación, la satisfacción y la no repetición».
También establece «garantías de no repetición» como resultado, por una parte, «de la implementación coordinada de todas las anteriores medidas, así como en general de todos los puntos del acuerdo de paz» y, por otra de lo que se pacte en un futuro en el punto sobre fin del conflicto.
JUSTICIA TRANSICIONAL
La quinta pata de este acuerdo sobre víctimas es el acuerdo sobre justicia transicional que crea una Jurisdicción Especial para la Paz que «ejercerá funciones judiciales de manera autónoma y preferente sobre los asuntos de su competencia», relativos al conflicto armado y sus consecuencias.
La Jurisdicción Especial para la Paz «incluye un capítulo específico sobre los contenidos, alcances y límites de la concesión de amnistías e indultos, indicando, entre otros aspectos, que a la finalización de las hostilidades, el Estado colombiano podrá otorgar la amnistía más amplia posible», excluyendo los crímenes de guerra, de lesa humanidad y el genocidio.
De esta forma, solamente queda por concretar el último punto, el del fin del conflicto, que ambos actores esperan alcanzar antes del próximo 23 de marzo.
