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Bogotá, Colombia (EP) • «Me trataron muy mal en Venezuela y no queremos regresar para allá. Nos sacaron como a un perro. A mí no me dejaron sacar nada». Son las palabras que una colombiana deportada le trasladó entre lágrimas al presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, quien este miércoles, 26 de agosto, visitó los albergues de Cúcuta donde se alojan los colombianos que han tenido que abandonar el territorio venezolano.
«Sabemos de los problemas que han tenido; de como los han maltratado», dijo Santos a sus compatriotas, a los que trasladó el mensaje de que «aquí están nuevamente en su patria, y los recibimos con los brazos abiertos dispuestos a ayudarlos en todo lo que esté a nuestro alcance».
Son declaraciones que el Gobierno colombiano ha compactado en un vídeo de poco más de 2 minutos, publicado en Youtube, en el que se ve al mandatario de Colombia rodeado de connacionales y numerosos medios de comunicación.
En él se muestra a un joven colombiano que relata a Santos las deplorables condiciones en las que se encuentran muchos de los deportados y le pide que solucione el problema.
El mandatario aseguró que se garantizará el acceso a la alimentación y la educación, priorizando a los menores, y además se darán subsidios de 250 mil pesos para arriendo. El Jefe de Estado también reiteró que exigirá respeto a los derechos de los colombianos por las vías democráticas.
Pero también advirtió de que entre 5.000 y 6.000 colombianos han llegado por pasos ilegales al país, por lo que solicitó a estos connacionales registrarse para recibir la misma ayuda humanitaria.
«SANEAR LA FRONTERA».
Y mientras Santos daba a los deportados la «bienvenida a su patria», el presidente venezolano, Nicolás Maduro, realizaba unas declaraciones en comunicación con el vicepresidente ejecutivo, Jorge Arreaza, quien se encontraba en la zona industrial de Ureña, realizando el censo económico en la frontera.
“Es indispensable construir una nueva frontera de paz, segura y productiva, y para consolidarla es primordial liberarla de la violencia terrorista y paramilitar”, dijo Maduro, quien aseguró que “nadie puede querer tener una frontera cerrada, pero fue una obligación” para poder sanear la zona limítrofe colombo-venezolana.
«Ya basta de tanto abuso, que sea una frontera de seguridad, una nueva frontera, eso es lo que vamos buscando. Hay que reconstruir una nueva frontera que sea productiva, basada en el trabajo, la honestidad, un comercio justo, sano, donde nos ayudemos en solidaridad», concluyó Maduro.
CRUZANDO EL RÍO.
Cargados con camas, armarios, sillas, animales, colchones –con todo lo que había en sus casas, o al menos todo lo que pudieron llevarse– cientos de colombianos cruzan el río Táchira desde Venezuela para llegar a la ciudad colombiana de Cúcuta, desde que el presidente Nicolás Maduro ordenara el cierre de la frontera el jueves pasado, para luego imponer el estado de excepción en seis municipios de la zona limítrofe.
Y mientras esta crisis humanitaria se prolonga, la reunión celebrada este miércoles entre las ministras de Exteriores de Colombia, María Ángela Holguín, y de Venezuela, Delcy Rodríguez, concluyó sin un acuerdo para reabrir la frontera entre ambos países.
Respecto a dicha reunión, la Procuraduría General de la Nación ha rechazado la declaración de la canciller venezolana, Delcy Rodríguez, sobre la gravísima situación que se vive en la frontera.
“Es inaceptable que niegue la política de ataque sistemático a la población colombiana en la frontera, con lo que justifica esa execrable actuación del Gobierno de Nicolás Maduro y deja claro que dicha política la mantendrán”, declaró el Ministerio Público en un comunicado.
El Ministerio Público reiteró el llamado al gobierno de Juan Manuel Santos para que “exija con firmeza el desmonte de esa política sistemática de ataque contra los colombianos. La crisis con Venezuela no se resuelve con la simple reapertura de la frontera, sino con el fin de dicha política”.
La Procuraduría anunció que presentará la próxima semana ante la Fiscal de la Corte Penal Internacional un informe sobre la política venezolana de ataque sistemático a la población colombiana, por tratarse de crímenes de lesa humanidad, para que esta la asuma oficiosamente.
Asimismo, solicitará a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que imponga medidas cautelares al Gobierno de Venezuela para que cese el ataque contra la población colombiana en la frontera.
