Rafael Pardo asume el cargo de alcalde interino de Bogotá

TRAS LA DESTITUCIÓN E INHABILITACIÓN DE PETRO

Bogotá • El hasta ahora ministro de Trabajo de Colombia, Rafael Pardo, ha asumido este jueves el cargo de alcalde interino de Bogotá, después de que el presidente del país, Juan Manuel Santos, ratificara la destitución e inhabilitación por 15 años de Gustavo Petro como jefe del Gobierno municipal.

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   En una ceremonia relámpago, que apenas ha durado diez minutos, el representante del Partido Liberal –miembro de la colación del Gobierno colombiano– ha jurado como edil capitalino ante el juez primero civil municipal, Esteban Vargas.

Pardo ha explicado que “un alcalde que asume el cargo de forma coyuntural no viene a traer un programa de Gobierno”, por lo que ha anunciado que asumirá la ‘hoja de ruta’ establecida por Petro, bautizada como Bogotá Humana.

Además, ha asegurado que asume el cargo “con toda responsabilidad”, por lo que ha prometido trabajar por los problemas más urgentes de los bogotanos, que –según las últimas encuestas– son la movilidad y la seguridad ciudadana.

Como primera medida, ha convocado para el próximo viernes una reunión con la Secretaría General, con el Consejo de Gobierno y con la Policía Municipal. Un día después, ha adelantado, presidirá un Consejo de Seguridad.

El registrador nacional, Carlos Ariel Sánchez, ha explicado hoy que Pardo solamente ejercerá de alcalde de Bogotá hasta que se celebren elecciones municipales anticipadas, en un plazo máximo de 55 días, cuya fecha debe decidir Santos.

Además, ha aclarado que, dado que la destitución e inhabilitación de Petro ya es firme, se suspende el referéndum previsto para el próximo 6 de abril cuyo objetivo era decidir la continuidad del ex guerrillero del M19 en el Gobierno municipal.

DESTITUCIÓN E INHABILITACIÓN

El pasado 9 de diciembre, el procurador general, Alejandro Ordóñez, destituyó e inhabilitó durante 15 años a Petro al considerar que gestionó de forma negligente la contratación de las empresas encargadas de la limpieza de la capital colombiana.

La salida de Petro de la función pública generó una gran polémica porque el fiscal general, Eduardo Montealegre, observó irregularidades en esta decisión, que calificó de “inquisitiva”, y ordenó una “inspección” contra la Procuraduría.

Ordóñez, por su parte, defendió la legalidad de su decisión y rehusó entregar la documentación sobre este caso tanto a Montealegre como al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, al que Petro solicitó tutela.

En este contexto, Santos se reunió con Petro, Ordóñez y Montealegre por separado con el fin de resolver lo que calificó como una “crisis institucional” y, después de ello, anunció que sería neutral, algo que se ha cumplido, pero que no ha calmado los ánimos.

Ante la declaración de neutralidad de Santos, Petro acudió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que dictara medidas cautelares –algo que hizo el martes– al considerar que se han violado sus derechos al debido proceso y al honor.

Finalmente, el Consejo de Estado –última instancia colombiana que quedaba por pronunciarse– confirmó la destitución e inhabilitación de Petro y Santos la ratificó, ignorando así las medidas cautelares que aconsejaban suspender el proceso hasta que la CIDH decidiera sobre el fondo del asunto.

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