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Colombia reconoce su responsabilidad en la muerte de 100 personas

Tomando el Palacio de Justicia en 1985

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El Estado de Colombia ha reconocido este martes ante el Tribunal Interamericano de Derechos Humanos su responsabilidad en los hechos ocurridos en noviembre de 1985, cuando al intentar tomar de nuevo el Palacio de Justicia, en manos de la guerrilla del M-19, se produjeron casi 100 muertes y una decena de desaparecidos.

   En el proceso, celebrado en la capital brasileña de Brasilia, los representantes del Estado colombiano han reconocido su implicación y han lamentado el dolor causado, al mismo tiempo que han recalcado que no cesarán en su empeño para “conocer la verdad y hacer justicia”.

Por otro lado, la defensa del Estado ha señalado que al reconocimiento de sus responsabilidades se le ha sumado ya las indemnizaciones económicas pertinentes por lo que han solicitado a las autoridades judiciales que no se ordenen más sanciones de este tipo, según ha informado el diario colombiano ‘El Tiempo’.

Antes de escuchar el alegato del Estado colombiano, el presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, José de Jesús Orozco, se ha mostrado tajante al afirmar que se produjeron torturas y desapariciones forzadas en coordinación con las autoridades colombianas. Al tiempo que ha señalado que el fin del operativo fue “eliminar” a todos aquellos que tomaron el Palacio de Justicia, ubicado en el centro de Bogotá.

Por su parte, los portavoces de las víctimas han denunciado que durante 28 años los diferentes gobiernos que se han sucedido en el país han obstaculizando las investigaciones. De igual manera han recalcado que este reconocimiento, además de “tardío e incompleto”, no debe ser utilizado como si fuera una reparación del daño.

La Toma del Palacio de Justicia fue un operativo policial y militar en respuesta a la ocupación del edificio por parte de la guerrilla Movimiento 19 Abril (M-19) llevado a cabo en noviembre de 1985. El dispositivo se saldó finalmente con 98 fallecidos y unos diez desaparecidos, de cuyo paradero, casi tres décadas después, aún no han aportado ningún tipo de información los militares implicados en el caso.

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